La distribución fotovoltaica en España

Varias entidades sociales y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) se han unido para solicitar un mejor control en las bases administrativas de este recurso, de esta forma evitar la especulación fotovoltaica en los proyectos que están próximos a instalarse en nuestro territorio. La mayoría de ellos con una inversión extranjera. De esta forma, evitar que termine en la ruina el sector primario que ofrece estos servicios en nuestro país.

Piensan que se deben tomar medidas urgentes para limitar la explotación de estos grandes proyectos y con ello conseguir equilibrio y distribución equitativa, pero a demás que mejore la economía local. Es decir, se quiere evitar que la instalación de grandes parques fotovoltaicos sea un modelo a seguir, sino más bien una excepción que sea beneficiosa para toda la población.

A día de hoy superamos casi cuatro veces más los objetivos marcados entre 2021 y 2030 por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Se había establecido un objetivo de 26.134MW de energía fotovoltaica, pero actualmente la potencia generada es de 96.000MW, lo cual supone una exageración para las necesidades objetivas del país en cuestión energética.

Los productores de energía reclaman que en Europa se está llevando a cabo un plan más equilibrado de explotación de este recurso, donde se reparten licencias de pequeñas y medianas potencias para conseguir una buena integración en las zonas rurales y de esta forma se ayuda a la diversificación de la economía rural.

En España tenemos la planta energética fotovoltaica más grande de Europa y junto a esta, también existen otros tres parques ubicados en nuestro país con gran potencia, lo que nos lleva a tener cuatro de los cinco macro parques fotovoltaicos más grandes de Europa. De tal forma que, se quiere evitar que los grandes inversionistas se aprovechen del desconocimiento y las falencias administrativas, para construir grandes superficies de paneles solares que en un futuro darán lugar a especulaciones en su precio. También puede suponer un bloqueo a las iniciativas locales que, de no tomar cartas en el asunto, pueden terminar en manos de multinacionales extranjeras que no permitan generar riqueza ni empleo en las zonas rurales, pero sobre todo pueden ser gravísimos para la conservación del medio ambiente.          

Es así que, estas organizaciones están buscando una corrección de la situación actual y de esta forma favorecer a los pequeños productores para que puedan conectarse a las redes de los grandes distribuidores y poder aportar la demanda de energía eléctrica en nuestro país. Por otro lado,  se podrán regular los precios de este recurso para así se evitar los costes de transporte y almacenaje en mega plantas, lo que a nosotros nos supondría un aumento en la factura eléctrica.